El representante de la empresa internacional DRC INC, Murray Paul Farmer, junto a su cuerpo de abogados llegó hasta el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en Tegucigalpa para pedir asesoramiento a los empresarios hondureños sobre el proceso de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Estado hondureño a pagar L 3 mil millones por una demanda.
La demanda está relacionada con un proyecto financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Honduras (USAID-Honduras), a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), que tenía como propósito la reconstrucción del país tras el devastador paso del huracán Mitch, a finales de 1998.
En aquel contexto, USAID-Honduras contrató, mediante licitación pública, a la empresa estadounidense DRC INC para la ejecución de las obras y esta, a su vez, subcontrató a la empresa Nacional de Ingenieros S. A. (Nainsa). Sin embargo, la justicia de los Estados Unidos intervino el contrato al no estar permitida la subcontratación y envió un equipo de fiscales que determinó no pagar una obra que estaba por realizarse.