La violencia de bandas armadas o pandillas que siembran caos y muerte en países pobres y arrasados por desastres naturales, sistemas de Justicia desprestigiados y más autoritarismo como antídoto o como resultado de la corrupción es la estampa que deja este año Centroamérica y el Caribe, donde retroceden los derechos humanos, según analistas y organismos internacionales.
Esta situación se presenta en medio de la “crisis social prolongada” que sufre América Latina y el Caribe, una región en la que no se ha logrado revertir el impacto de la pandemia en materia de pobreza y pobreza extrema, que se sitúan en un 32,1 % y un 13,1 %, respectivamente, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Se han registrado miles de asesinatos y desapariciones en enfrentamientos armados entre la Policía y las bandas, que mantuvieron bloqueada durante meses la principal terminal petrolera, impidiendo la actividad de comercios, instituciones, hospitales, escuelas y hospitales en un momento en el que, además, el cólera ha vuelto a aparecer.
A la actividad de estos grupos se suma la corrupción política en Haití, con el señalamiento de figuras como el presidente del Senado, Joseph Lambert, presuntamente vinculado a narcotráfico, corrupción y graves violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, según informes de Estados Unidos.