Con 78 votos en contra 43 votos a favor y 7 abstenciones, hoy los diputados del Congreso Nacional luego de una larga deliberación, declararon inadmisible la petición de realizar un juicio político en contra del fiscal adjunto Rigoberto Cuellar.
Esta discusión representa la primera vez en la historia legislativa que se pide al Congreso Nacional iniciar un proceso de juicio político y es la primera solicitud con base a la Ley Especial del Juicio Político en vigencia desde el año 2013.
El diputado de Libertad y Refundación, Libre, Edgardo Castro denuncio a Rigoberto Cuellar argumentando que el fiscal otorgó irregularmente licencias ambientales, venta de transformadores propiedad de la estatal Empresa de Energía Eléctrica (ENEE), ampliación de permisos ambientales para el sector minero y operación de Gas del Caribe, pretensión de reformar la ley para despojar de sus tierras a los pueblos lencas, manipulación de contratos y concesionamiento de exploraciones petroleras.
Los diputados consideraron que si hubo irregularidades en estos hechos denunciados fue cuando el fiscal adjunto ocupaba la titularidad de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y no ahora que el denunciado se desempeña como fiscal.
Tres son las causas para iniciar una investigación conducente a someter a un juicio político a los funcionarios:
1 ser objeto de una denuncia grave
2 una actuación contraria a la ley en el desempeño del cargo
3 mostrar negligencia e incapacidad.
En vista que ninguno de estos causales fue acreditado por el diputado Castro, en su escrito presentado al Congreso, la denuncia fue desestimada.