El Partido Nacional (PN) se pronunció este jueves sobre el nombramiento de los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) en el Congreso Nacional (CN) que preside el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, “es una nueva ilegalidad” porque no se está respetando el procedimiento adecuado.
Una nueva ilegalidad se suma a las muchas cometidas por este minoritario grupo de diputados que tiene tomado el Legislativo, inicia señalando un comunicado oficial de este organismo político este martes.
En tal sentido, añade que con esas acciones han decepcionado a millones de ciudadanos que tenían tantas esperanzas de una renovación positiva de la clase política cuando masivamente fueron a las urnas a elegir a sus representantes, pero que cada día acentúa las ilegalidades con más violaciones a la Constitución.
El escrito expresa que sin contar con al menos 65 diputados propietarios en sesión, eligió anticipadamente al Procurador y Subprocurador de la República, lo cual no estaría fuera de la ley, si no fuera porque procedieron inmediatamente a su juramentación, a destiempo, y porque ninguno de ellos cumple con la formación profesional que exige la Constitución.
Asimismo, añade que según el artículo 309 constitucional, es requisito ser abogado y notario debidamente colegiado. Ninguno de los juramentados es notario; a esa ilegalidad se suma el hecho que la actual ocupante de ese cargo, Lidia Estela Cardona, como lo señala el artículo 229 de Carta Magna, fue electa para un período de 4 años, mismo que vence el 29 de junio de este año, tal y como lo establece el Decreto 70-2018, publicado el 27 de julio.
Consecuentemente el Partido Nacional, señala que la única vía para remover legalmente a un alto funcionario electo por el Congreso Nacional es mediante el Juicio Político -tipificado en el artículo 234 de la Constitución de la República-, y para ello se necesita mayoría calificada, que son 86 votos de diputados propietarios.
En su amplio escrito, el nacionalismo hace un nuevo llamado a los compañeros parlamentarios de Libertad y Refundación (Libre) a regresar al camino del derecho. Continuar cometiendo arbitrariedades va a llevar a Honduras a una espiral de ilegalidad que tarde o temprano va a arrastrarnos a una crisis institucional de la que no vamos a poder salir.
Finaliza enfatizando que el cargo de Procurador de la República es el de ser el abogado del Estado, el que defiende en los tribunales de justicia los intereses de la nación y lo que hicieron en el Poder Legislativo, fue dejar al Estado debilitado jurídicamente y a toda la nación en un estado de indefensión frente a cualquier demanda local o internacional contra el país.