Una coalición hondureña urgió este martes al Gobierno de Honduras a garantizar la protección y derechos de los menores en conflictos con la ley, y promover políticas públicas para atender las necesidades de esa población.
La Coalición por la Restitución de Derechos de la Niñez en conflicto con la ley, integrada por al menos ocho organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, instó al Gobierno que lidera Xiomara Castro a que «garantice la protección y derechos» de estos menores.
En una rueda de prensa, la directora del Programa Rescate de la organización no gubernamental Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Diana Medina, destacó la importancia de impulsar políticas públicas para garantizar a los menores infractores sus derechos a la salud, educación y a la vida.
Agregó que en los últimos cinco años al menos 23 menores de edad en custodia del Estado murieron en centros de privación de la libertad.
Las organizaciones de la coalición han decido «unir esfuerzos» en un «frente común» ante la vulnerabilidad de los derechos de los menores infractores, señaló Medina, quien resaltó la importancia de impulsar políticas públicas para atacar las causas que obligan a los niños a infringir las leyes.
«Es necesario contar con políticas públicas que garanticen todos los derechos de nuestros niños y niñas que entran en el sistema de justicia penal, salud, educación, derecho a una familia, oportunidades económicas que les permitan tener vidas dignas», subrayó la experta de ASJ.
Además, es necesario trabajar en la protección de los menores en conflictos con ley que están bajo custodia del Estado, señaló Medina, quien indicó que las autoridades deben «dejar de ver este tema desde la asignación de más políticas, y trabajarlo desde una atención más efectiva que realmente ayude a resolver la problemática».
REISERCIÓN DE MENORES EN CONFLICTO
La Coalición hondureña también pidió el cumplimiento del Plan «Tengo futuro», que establece la aprobación e implementación de la Política Nacional para la reinserción de adolescentes en conflicto con la ley y el Plan de restitución de sus derechos.
En declaraciones a Efe, el director de la organización Casa Alianza, José Guadalupe Ruela, denunció que el anterior Gobierno hondureño «no desembolsó» en enero de este año los fondos que requiere el Instituto Nacional de Menores Infractores (INAMI) para atender a los menores en conflicto.
«Eso nos preocupa, creemos que han querido generar una crisis en los centros de menores con fines políticos, y eso nos duele porque la dignidad humana está por encima de los intereses políticos», subrayó Ruela.
Unos 1.200 menores hondureños tienen conflictos con la ley y menos de 400 están privados de libertad, señaló el director de Casa Alianza, una organización internacional no gubernamental que atiende a niños en desamparo desde 1968 y que se estableció en Honduras en 1987.
Los menores presos «no tienen acceso a servicios y no se los da el Estado», afirmó Ruela, quien indicó que la ley establece que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) debe transferir al INAMI alrededor de 8 millones de lempiras (326.798 dólares) mensualmente para cubrir la alimentación, educación y terapias de menores infractores.
Destacó que la falta de recursos para garantizar la alimentación y otros servicios a los menores infractores podría derivar en «una crisis en los centros de menores», por lo que es importante que el Gobierno «trate de remediar la situación».
Ruela hizo un llamamiento al nuevo Gobierno de Honduras para que «tome la responsabilidad» y transfiera los fondos que necesita el INAMI para atender a los menores que, según las leyes del país, no pueden ser imputados penalmente. EFE