La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a través de la Sección de Investigación de Muertes de Personas pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables, logró Auto de Formal de Procesamiento con Prisión Preventiva en contra de Ever Eduardo Vargas Núñez, a quien, tras las investigaciones, se le considera autor material del asesinato del abogado Melvin Edgardo Bonilla Mejía, hecho perpetrado la mañana del pasado jueves 4 de marzo en la colonia Alameda de Tegucigalpa.
En la audiencia inicial, el Ministerio Público aportó las pruebas recolectadas producto de las diligencias efectuadas en conjunto con la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), entes que llevaron a cabo el mismo día del crimen siete allanamientos de morada en la colonia Bernardo Dazzi donde se obtuvieron indicios claves, así como consiguió de distintos puntos de la ciudad evidencia videográfica que abona elementos indispensables para el establecimiento de la verdad en el presente caso, registrando las rutas de recorrido y seguimiento que desde tempranas horas se le realizaron a la víctima para asegurar la ejecución del acto de sicariato.
Además, el acervo probatorio evacuado ante un Juez de Letras Penal de Tegucigalpa, incluyó análisis de huellas dactilares, pericias de información contenida en dispositivos de almacenamiento (teléfonos celulares) y diversas evidencias físicas levantadas en la escena del crimen.
A ello se suman los dictámenes balísticos de Medicina Forense como resultado de las pericias practicadas a las tres armas de fuego decomisadas durante los allanamientos, una calibre 22 mm, otra calibre 380 mm y finalmente una 9 mm, siendo esta última la que habría sido utilizada para dar muerte al exjuez y por lo que también se dictó Auto de Formal Procesamiento por el delito de tenencia ilegal de armas agravada.
Otros objetos decomisados fueron una motocicleta, un casco, una chumpa y un calzado tipo tenis y cuatro teléfonos celulares.
Por el asesinato del abogado Melvin Bonilla, el Ministerio Público sigue trabajando para deducir la responsabilidad penal de todos los implicados materiales y establecer la autoría intelectual.