El Consejo Hondureño para Empresa Privada (Cohep), presentó este un informe sobre la adquisición de siete hospitales móviles por parte de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) en el que recomienda devolver las estructuras hospitalarias y recuperar el dinero que se invirtió en las mismas.
La iniciativa privada asegura que no hubo respeto al contrato en la compra y eso representa un perjuicio de más de 807 millones de lempiras y lamenta que desde el gobierno no se haya escuchado algunas propuestas, que habrían dado un mejor manejo de la pandemia en Honduras.
Según valoraciones del Cohep, con 272 millones de lempiras se habrían construido al menos nueve hospitales, que serían parte de la infraestructura hospitalaria del país, “hay entonces un poco más de 900 millones que nos quedarían de colchón que se pudo destinar para el equipamiento y operatividad de los mismos”, expresó el asesor legal del Cohep, Gustavo Solórzano.
“Esos mil 228 millones son recursos que no han servido para enfrentar la pandemia, además con esos fondos se pudieron habilitar con 45 millones de lempiras, más de 26 triajes parecido al que tenemos en bulevar San Juan Pablo II de Tegucigalpa”, refirió Solórzano.
El sector empresarial, cuestiona que, en el marco de la pandemia, Invest-H ejecutó un total de dos mil 94 millones de lempiras, por lo que se considera que esos recursos fueron mal invertidos o se les debió dar un mejor uso.
Según el Cohep, esa situación se pudo haber evitado si el Gobierno habría hecho uso de los fideicomisos con la banca privada para adquirir equipos e insumos de bioseguridad, entre otros, “hoy el resultado sería mucho mejor”, según la posición del organismo empresarial que pide que sean entregados a la Secretaría de Salud, lo antes posible los dos hospitales que ya están en el país.
En ese sentido, indica que existe un total incumplimiento de la programación de Invest-H, relacionado al montaje y operatividad de las estructuras hospitalarias móviles de Tegucigalpa y de San Pedro Sula.
“No hubo respeto a los contratos de la empresa Medical Systems, por lo que pedimos al gobierno y a la Procuraduría General de la República (PGR), a que rescinda los contratos y se devuelvan al Estado los recursos de esta sobrevaloración, y que en caso de que no haya respuesta se inicien todos los procesos judiciales en contra de la empresa”, agrega el escrito.
La empresa privada también solicita a los demás órganos contralores del Estado, para que de manera urgente comiencen a de desarrollar todas estas acciones y deducir las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan. JP-Proceso.hn