TEGUCIGALPA. Tras casi mantenerse tres años prófugo de la justicia, se presentó ante el juez con jurisdicción nacional de competencia territorial, en materia penal, el exalcalde de Sabá, Colón, José Santiago Barralaga Hernández, por suponerlo responsable del delito de lavado de activos.
En audiencia de declaración de imputado, el juez le dictó una medida distinta a la detención judicial como ser el arresto domiciliario y reprogramó la audiencia inicial para el lunes 20 de julio.
El ex edil, es hermano del subcomisionado Jorge Barralaga, actualmente condenado y preso por lavado de activos.
Al ahora encausado se le giró orden de captura junto con seis personas más, incluidos su hermano, sobrino, cuñada y esposa por el delito en mención en julio del 2017.
El requerimiento fiscal en su contra detalla que José Barralaga lavó más de 211 millones de lempiras.
La abogada defensora, Ritza Antúnez durante el desarrollo de la audiencia, presentó certificación médica donde se acredita que su representado padece de diabetes, sin embargo, el juez solicitó que fuera evaluado hoy en Medicina Forense
Bárbara Castillo, portavoz de los Juzgados, detalló que al igual que el señor Santiago Barralaga, la esposa de éste, Edith Roca Pérez, se presentó al Juzgado con sus abogados presentando una certificación médica que adolece de una enfermedad base, por lo que la juez que conoce la causa le dictó la medida de arresto domiciliario.
Castillo recordó que la encausada tenía una orden de captura pendiente, por habérsele revocado el sobreseimiento provisional dictado en audiencia preliminar, por la medida de prisión preventiva, tal como lo ordenó la Corte de Apelaciones.
Por este caso, la abogada defensora detalló que en el caso de su representada Roca Pérez padece de hipertensión por lo que presentaron certificación médica que acredite la enfermedad, pero al igual que su esposo se le ordenó por parte del juez que sean evaluados en Medicina Forense.
El pasado 10 de abril del 2019, la Corte de Apelaciones de lo Penal se pronunció sobre un recurso presentado por el Ministerio Público y ordenó revocar el sobreseimiento provisional que en una audiencia preliminar se emitió a favor de Roca Pérez.
En total, en el marco de Operación Perseo, se aseguró 42 bienes inmuebles y 332 bienes muebles entre los que están autobuses y camiones de carga, además se congelaron diversas cuentas bancarias y el allanamiento a varias sociedades mercantiles, ya que, de acuerdo con los expertos forenses en delitos financieros, en este caso se movieron más de 2,000 millones de lempiras entre cuentas relacionadas de los imputados. Las indagaciones además muestran la existencia de un grupo organizado que durante un período de tiempo realizaron adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.
TRES CONDENADOS
Por este mismo caso en noviembre de 2019, por unanimidad de votos, los jueces de la sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, declararon culpable al subcomisionado Jorge Alberto Barralaga Hernández y a su exnuera Montse Paola Fraga Duarte, como autores del delito de lavado de activos.
El tribunal consideró que Barralaga Hernández no pudo justificar 76 millones 609 mil 317 lempiras con ocho centavos.
Mientras que Fraga Duarte recibió 18 transferencias y nueve depósitos por más de 18 millones 653 mil 239 lempiras con 26 centavos, por parte de Jorge Barralaga Rivera, hijo del subcomisionado Barralaga Hernández. Duarte fue la expareja sentimental de Wilter Blanco y recibió ese dinero sin tener ningún acto comercial.
Mientras que Carmen Alejandra Morales Sarmiento, exnuera de Barralaga Hernández y vinculada al caso, se sometió a una audiencia de procedimiento abreviado, en donde aceptó su culpabilidad en el delito.
De acuerdo con las investigaciones, Morales Sarmiento movió de forma ilícita cerca de seis millones de lempiras, adquiriendo además bienes inmuebles y siendo socia de algunas sociedades mercantiles de la familia Barralaga, ella se entregó a la justicia, el 26 de junio del 2019, tras tener una orden de captura en su contra desde julio de 2017.