La madre, una inmigrante hondureña, no recuerda bien las preguntas que le hacían los patrulleros fronterizos momentos después de dar a luz a su bebé en un hospital de Chula Vista, California, donde todavía estaba sedada.
Lo que sí recuerda es que en cuanto el hospital Scripps Mercy la dio de alta, menos de 36 horas después del parto, los patrulleros la sacaron al estacionamiento.
La madre dijo que subieron a su bebé al asiento delantero de una patrulla, ella iba sentada atrás, y los llevaron a la frontera a expulsarlos a Tijuana, México, por el paso peatonal de El Chaparral —ahora cerrado por la pandemia.
Cuando caminaba a la frontera con su bebé pedía inútilmente a los patrulleros que por favor, dejaran que localizara a su esposo y a su hijo, de 9 años, de quienes fue separada luego de que ellos fueran expulsados del país.
Deportaron a un ciudadano estadounidense de apenas 36 horas de nacido a Tijuana, que según el presidente Donald Trump es “la ciudad más infectada del mundo” en esta pandemia.
Una vez en Tijuana, la madre pidió caridad para llamar por teléfono a familiares en Honduras, que le informaron que su esposo y su hijo también estaban en esa ciudad. Horas después pudieron reunirse.
La separación
El esposo platicó que cuando la familia se entregó en la frontera, la patrulla tomó datos de él y de su hijo, y que de inmediato los llevaron a El Chaparral.
En el camino a entregarse, su esposa —quien ya contaba con un embarazo avanzado— había caídos dos veces. Al rendirse a la patrulla, los agentes llamaron a una ambulancia. La mujer fue llevada al hospital y el padre e hijo fueron expulsados a Tijuana.
El hombre pidió a los patrulleros que no lo echaran sin saber de su esposa, pero —según platicó después su abogado Luis González— lo obligaron ya que le dijeron que de no salir, llamarían a la policía de Tijuana para que a él lo llevaran detenido y su hijo quedaría en custodia.
Hoy la familia, quien se mantuvo en el anonimato por consejo legal, está reunida en Tijuana, pero teme porque antes fue víctima de delincuentes en México, al igual que en Honduras.
Sin más alternativa
La pareja pudo llevar al menor a atención médica pero, al volver, la mara se había posesionado de la casa y amenazó con matar a todos si denunciaba o exigía que devolviera la vivienda, cuenta el abogado de la familia.
Fue entonces cuando decidieron hacer un viaje de 1,800 millas a Piedras Negras, en la frontera de México con Texas.
Era marzo y la pandemia todavía no llegaba a esa región, cuando la familia cruzó la frontera y se entregó a la patrulla para solicitar asilo.
Las autoridades les incluyeron en el programa de protocolos de Protección a Migrantes (MPP) y les dieron una cita.
González explica que la familia iba puntual a esa cita cuando fueron interceptados por delincuentes que los amagaron a mano armada durante al menos una hora.
Los dejaron ir pero ya habían perdido la cita y con ella la posibilidad de pedir asilo. Por la pandemia, las audiencias se habían postergado.
Pasaron semanas sin saber de su caso y la familia, que carecía de recursos y de cuidados de salud para la madre, decidió viajar a Tijuana donde supuso que todavía habría audiencias, o a menos podría tener información de su caso de asilo.
Llegaron a Tijuana y cruzaron a San Diego, California, el sábado 27 de junio por la tarde. El padre y el hijo fueron obligados a salir a Tijuana al día siguiente a la 1:00 a.m. Horas después nació el nuevo bebé estadounidense y fue expulsado con su mamá a Tijuana a las 3:00 p.m. del martes 30 de junio.
El abogado Luis González, de Jewish FamilyServices (JFS) San Diego —una de dos organizaciones que representan a la familia—, dijo que el hospital en Chula Vista recomendó a la madre que regresara con el bebé porque necesitaba vacunas y ella revisiones.
En contraste, la patrulla envió al bebé y a su mamá a Tijuana, una ciudad que sigue acumulando casos de COVID-19 rápidamente.
FS y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron por este caso una queja conjunta a la Oficina del Inspector General (OIG), que es una división de asuntos internos del gobierno federal, y a la oficina de Derechos Humanos del Departamento de Seguridad.
Las autoridades “pudieron conceder permiso humanitario para que la familia continuara su proceso de asilo sin salir del país y el bebé, que por nacimiento es estadounidense, reciba la atención médica”, dijo el abogado.
Agregó que el Departamento de Seguridad también omitió una entrevista sobre los temores de la familia a regresar a México, por lo que violó al programa de MPP.
El abogado González indicó que por suerte el hospital alcanzó a tomar registro del nacimiento del bebé antes de que fuera llevado a Tijuana. Ahora JFS tramita si acta de nacimiento estadounidense.
Ambas organizaciones quieren con su queja sentar un precedente. “Queremos que esto no vuelva a pasar a ninguna otra familia migrante”, dijo el abogado González.