La Unión Europea (UE) ha anunciado nuevas sanciones contra el chavismo tras su última embestida contra el Parlamento, el único poder democrático que no está todavía en manos de la revolución. Se trata de ocho dirigentes bolivarianos y tres «colaboracionistas», con el diputado Luis Parra a la cabeza. Este dirigente, expulsado de Primero Justicia (PJ), fue impuesto en enero como falso jefe de la Asamblea Nacional (AN), en una operación militar que contó con la connivencia de los diputados chavistas con el objetivo de arrebatar la presidencia legítima a Juan Guaidó.
Junto a él también figuran en la lista de la UE los parlamentarios Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega, que conforman la junta directiva fraudulenta y, a su vez, integran el grupo de diputados «traidores», expulsados por la Unidad Democrática tras conocerse sus vinculaciones económicas con Alex Saab. Este millonario colombiano, señalado como testaferro de Nicolás Maduro y principal operador internacional del chavismo, permanece encarcelado en Cabo Verde mientras Estados Unidos lucha por su extradición.
Tres pesos pesados del chavismo aparecen entre los sancionados, con el contralor Elvis Amoroso a la cabeza, uno de los dirigentes bolivarianos más cercanos personalmente a la pareja presidencial. El nombre del general de brigada Jorge Márquez, al frente del ente estatal de telecomunicaciones, ha vuelto a salir a la palestra pública en las últimas semanas con la intervención de DirecTV, operadora televisiva perteneciente a la estadounidense AT&T. Márquez también preside la Corporación Socialista de Telecomunicaciones.
El tercero en importancia es Juan José Mendoza, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y uno de los arquitectos de las ofensivas judiciales contra los partidos democráticos y el Parlamento.
Los fiscales Farik Mora y Dinorah Bustamante, el militar José Adelino Ornelas y las delegadas de la Asamblea Constituyente Tania Díaz y Gladys Requena integran el resto de la lista de sancionados para un total de 36 en cuatro momentos distintos.
La primera sanción contra el chavismo en enero de 2018, que incluyó al todopoderoso Diosdado Cabello, número dos de la revolución, provocó la ira del presidente de la Constituyente y la consiguiente expulsión del embajador español, Jesús Silva.
La segunda tanda de sancionados, que incluyó a la vicepresidente Delcy Rodríguez, se saldó con una llamada de atención a los diplomáticos europeos en Caracas. Y la tercera, en la que destacaban los señalados por las torturas y asesinato del capitán Rafael Acosta en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia (DGCIM), fue aceptada sin mayores reacciones desde el poder revolucionario.
La confección de la última lista comenzó tras el asalto al Parlamento en enero. Ha llevado varios meses a los responsables europeos hasta alcanzar el consenso entre los 27 países. Los sancionados no pueden viajar a Europa y sus activos en el continente serán congelados.
La respuesta del chavismo a Bruselas ha partido del canciller Jorge Arreaza: «La Unión Europea reincide en su política injerencista contra el diálogo y la paz de Venezuela. Su herencia y reminiscencias coloniales los conducen por el abismo de la ilegalidad, la agresión y la persecución a nuestros pueblos. Venezuela se reserva debida y contundente respuesta».
La sanciones llegan cuando el régimen bolivariano ha mostrado su contrariedad contra Bruselas en los últimos días. «La UE que se vaya largo al carrizo, para decirlo suavemente. Venezuela hará sus elecciones, no nos importa la UE ni un carrizo», arengó Maduro tras la denuncia internacional realizada en Europa al conocerse la imposición a la fuerza de un Consejo Nacional Electoral (CNE) con militantes chavistas y opositores renegados y la intervención de los partidos de la oposición.
El gobierno del «hijo de Chávez» también acusó durante el fin de semana a Leopoldo López, refugiado en la Embajada de España, de estar detrás de distintas operaciones contra Maduro y de aprovecharse de su estancia en la legación diplomática.