Tegucigalpa – Con más de un año en períodos de vacatio legis, el nuevo Código Penal está a dos días de entrar en vigor, en plena pandemia de COVID-19 en Honduras.
– El Poder Legislativo advirtió que solo discutirá una eventual abrogación del Código hasta la próxima legislatura, es decir después del 25 de enero de 2021.
– El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), recién llamó a un proceso de revisión y reforma del nuevo estamento jurídico penal.
En la víspera, los reclamos de distintos sectores que aseguran la normativa provocarán un fuerte retroceso en la aplicación de justicia, parecen no escucharse en medio de la zozobra que genera la pandemia en un momento de creciente ola de contagios a nivel de todo el país y con epicentro en la capital, Tegucigalpa.
Mientras quienes apoyan la nueva legislación ocupan espacios mediáticos y realizan eventos para reafirmar lo que llaman las bondades del nuevo código.
La normativa se terminó de aprobar en enero de 2018, tras ser ingresado a la Cámara Legislativa en agosto de 2015. Se anunció como un estamento de vanguardia, con la inclusión de 50 nuevas figuras delictivas, a la estatura de las grandes sociedades del mundo.
Se publicó en el diario oficial La Gaceta en mayo de 2019, con una vacatio legis de seis meses, es decir que entraría en vigencia el 10 de noviembre del mismo año, pero las presiones de organizacionesde sociedad civil y la ciudadanía lograron que se extendiera su vigencia hasta el 10 de mayo de 2020 y la última dejándola para el 25 de junio.
En este último período de vacatio legis no ha se impulsaron reformas y el texto se mantiene tal cual.
El Congreso hondureño aprovechó los últimos 45 días para hacer foros virtuales y defender el instrumento penal previó a su inevitable entrada en vigor, el jueves de esta semana.
Reconocidos profesionales del derecho, muchos de ellos litigantes en los tribunales, han reforzado la teoría del Congreso en el sentido que es un código de avanzada que debe entrar en vigor sin más plazos posibles.
De su lado, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ha rechazado vehementemente la entrada en vigor del nuevo Código Penal y rechazan incluso discutir reformas, piden la abrogación de este porque consideran beneficiará a los corruptos, violadores, asesinos y narcotraficantes.
Así, otros entes sociales, la academia, la iglesia, el sector privado, el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) e incluso defensores privados coinciden que varios articulados no responden a los intereses de la sociedad, especialmente en el combate contra la corrupción, narcotráfico, violencia doméstica, entre otros.
Proceso Hn