La organización de defensa de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) urgió este jueves a los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a reducir el «hacinamiento» de sus cárceles y centros de detención juveniles para prevenir posibles brotes de la COVID-19, para evitar consecuencias negativas muy graves para la salud del resto de la población.
«Un brote de coronavirus en las cárceles de América Latina generaría un enorme problema de salud pública que afectaría no solo a los reclusos, sino también al resto de la población», dijo en un comunicado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
«Las autoridades aún están a tiempo, pero deberían actuar de inmediato para evitar un desastre de salud completamente previsible», agregó.
La organización señala que la «insalubridad y sobrepoblación» de los centros penales en la mayoría de países de América Latina y el Caribe generan las «condiciones perfectas» para que se produzcan brotes, y recuerda que este mes de marzo ha habido «amotinamientos» de los reclusos debido a la falta de medidas de protección e «intentos de confinarlos».
«Cientos lograron fugarse, hubo decenas de heridos y al menos 40 reclusos murieron en esas revueltas en Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, y Brasil», sostuvo HRW, que exigen también a las autoridades que «investiguen las circunstancias de todas estas muertes, incluida la posibilidad del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas de seguridad».
Dentro de los establecimientos de detención, el COVID-19 podía propagarse rápidamente e infectar a personal, contratistas, visitantes, abogados y reclusos que luego sean liberados y llevar así la enfermedad a la población en general, advierten los activistas, que piden que se «tomen medidas urgentes para evitar que la pandemia corra como un reguero de pólvora por las cárceles de la región».
Algunos gobiernos, como los de Chile, Argentina y Brasil ya han adoptado «medidas para permitir el arresto domiciliario u otras alternativas al encarcelamiento para ciertas categorías de reclusos», apunta HRW, que pide al resto de países que «consideren alternativas» en el caso de los reos que no amenacen la seguridad pública y reclama su «responsabilidad de proteger y ofrecer cuidados médicos a los reclusos que no sean liberados». EFE