El gobierno del presidente Donald Trump ha obligado a los solicitantes de asilo a esperar en ciudades mexicanas antes de poder empezar a buscar protección en Estados Unidos. En San Luis Río Colorado, México, al otro lado de la frontera con San Luis, Arizona, ellos se turnan para cuidar una mesa colocada junto al cruce fronterizo oficial. Han decidido unir fuerzas para asegurar que todos tengan una oportunidad justa.
Un pequeño grupo de ellos se sienta bajo un toldo a la orilla de una carretera que conduce a Estados Unidos. Vienen de Guatemala, Nicaragua, México, Cuba y muchos otros países.
Pasan el día conversando para matar el tiempo, mientras un sol abrasador del desierto eleva la temperatura y se percibe el humo de decenas de autos que hacen fila para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.
Bajo el toldo, rodeados de una pequeña cerca y algunas tiendas y restaurantes, parecen viejos amigos. Se reúnen alrededor de una pequeña mesa plegable, donde pasan horas esperando.
Asignan a aquellas personas que tienen niños a los turnos de la mañana, cuando el calor no es tan fuerte. Hacen una “colecta” diaria de dinero para pagar el agua y los bocadillos que ingieren quienes están de guardia en la mesa.
En una tarde calurosa a finales de junio, Julio Montenegro _un guatemalteco de 33 años que lleva varias semanas esperando_ dice que los solicitantes no tienen a nadie más que a sí mismos.
A pesar de su vínculo, este grupo acaba de conocerse. Están entre las más de 950 personas que están en una lista de espera para solicitar asilo en San Luis Río Colorado. La lista apenas se mueve: sólo unas pocas personas cada día son llamadas para tener la oportunidad de comenzar una nueva vida. Hay días en los que ninguna es convocada.
Una política del gobierno de Trump obliga a estos solicitantes a hacer cola en México. Deben esperar en las ciudades mexicanas antes de iniciar el proceso de asilo, una política conocida como “metering” (dosificación).
Como resultado, miles de personas a lo largo de la frontera mexicana no tendrán una entrevista con un oficial de asilo durante meses. Mientras tanto enfrentan peligros, después de haber huido justamente de la violencia y la pobreza en sus países de origen.
Para los pocos que consiguen una entrevista, el gobierno de Estados Unidos todavía obliga a muchos a esperar en México mientras sus casos de inmigración pasan por los tribunales, lo que puede llevar años.
Su destino es incierto desde que el gobierno de Trump dijo días atrás que prohibió a los inmigrantes solicitar asilo en Estados Unidos si pasaban primero por un tercer país. Esas nuevas limitaciones están siendo impugnadas en los tribunales.
La dosificación y otras políticas que dificultan la búsqueda de asilo han llevado a algunos migrantes desesperados a cruzar la frontera de manera ilegal.
Entre ellos estuvo el guatemalteco Óscar Alberto Martínez Ramírez, quien llevaba a su hija pequeña, Valeria, cuando trató de pasar nadando el río Bravo. Ambos acabaron ahogados. Una fotografía de ambos cuerpos en la orilla del río recorrió el mundo el mes pasado.
Los solicitantes de asilo dependen unos de otros para asegurar una presencia constante en la frontera para saber el momento en que los funcionarios estadounidenses llaman a alguien para una entrevista. Regularmente, una persona goza de poco tiempo para presentarse, o de lo contrario su nombre puede ser brincado de la lista, que mantiene el orden en el que la gente llegó a la frontera.
De las aproximadamente 950 personas en la lista de espera, el 65% son mexicanos, el 20% son cubanos y el resto son de varios países, con gente de naciones africanas pasando cada vez más por la ciudad, dijo Martín Salgado, que dirige un refugio en la ciudad de menos de 200.000 personas
En promedio, el gobierno llama a unas ocho personas al día, aunque algunos días no llama a nadie, agregó.
Montenegro, el guatemalteco, dijo que ha estado esperando desde hace semanas para reunirse con sus hijas en California. El camionero, que alquila una habitación en una casa cerca de la frontera, dijo que dejó su país natal porque temía por su vida después de recibir amenazas de pandillas que trataban de extorsionarlo.
Jesse Telleria, una peluquera de 32 años, dijo que huyó de Nicaragua debido a la profunda agitación política que ha causado caos y pobreza. Agregó que dejó a su hijo pequeño con su mamá y que espera poder trabajar y enviar dinero a casa.
Telleria dijo que ha estado esperando para pedir asilo desde hace tres meses y que cree que deberá esperar por lo menos otro mes. Subrayó que en Nicaragua “no se está viviendo tranquilo. No hay oportunidad”
Claudio Avilés, de 25 años, de Guerrero, México, estuvo en San Luis Río Colorado con su esposa y sus dos hijos pequeños durante más de tres meses y ayudó a Salgado, el operador del refugio, a coordinar la lista de espera.
En la frontera, las listas de espera son administradas por los mismos refugios locales o solicitantes de asilo. Ha habido informes de sobornos y trampas para ascender en la lista, por lo que Avilés decidió intervenir para que sea justa.-AP