El Plan de Austeridad Republicana del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca acabar con la corrupción y los privilegios para adelgazar el gasto corriente de la administración pública y así favorecer programas sociales.
Estos son los 50 puntos que conforman este ambicioso proyecto que se empezará a implementar el 1 de diciembre, cuando el izquierdista asuma el cargo:
1. Se reformará el Artículo 108 de la Constitución para que el presidente puede ser juzgado por delitos electorales y corrupción.
2. Se suspenderán fueros y privilegios de funcionarios públicos.
3. Se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral.
4. Absoluta autonomía para la Fiscalía General.
5. La Fiscalía Electoral garantizará elecciones limpias y libres.
6. La Fiscalía Anticorrupción actuará con total libertad y posibilidad de castigar a quien sea, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares.
7. Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales.
8. El presidente ganará menos de la mitad de lo que recibe el actual presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones. López Obrador anunció que ganaría 40 % del salario del actual mandatario.
9. No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios.
10. No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno.
11. No habrá más de cinco asesores por secretaría.
12. Solo tendrán secretarios particulares los ministros o equivalentes.
13. No habrá bonos. El salario será integral según marca la Constitución.
14. Se limitarán los viáticos.
15. No habrá partida para gastos médicos privados.
16. No habrá caja de ahorro especial.
17. No se viajará al extranjero sin autorización del secretario.
18. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos.
19. Nadie tendrá guardaespaldas, solo los encargados de la seguridad.
20. Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados.
21. Se reduce toda la estructura de confianza en un 70 % de personal y del gasto de operación.
22. Se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad de quienes ganan más de un millón de pesos anuales (unos 52.800 dólares), de manera progresiva, lo ahorrado debe significar el 50 % del gasto actual.
23. Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados y se venderá la flotilla.
24. Se cancelarán las pensiones a los expresidentes.
25. No se utilizarán vehículos y otros bienes públicos para asuntos particulares.
26. No se podrá contratar a familiares.
27. Los trabajadores de confianza trabajarán de lunes a sábado y, cuando menos, 8 horas diarias.
28. No se puede asistir al trabajo en estado de ebriedad.
29. Se reducirá en 50 % el gasto de publicidad del gobierno.
30. Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, de Energía y de otras dependencias, no podrán convivir en eventos con contratistas.
31. Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores del Estado.
32. Ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles.
33. No se comprará ninguna mercancía ya existen en almacenes públicos.
34. No se remodelarán oficinas.
35. Sólo secretarios y subsecretarios tendrán chóferes.
36. Policías y militares no estarán al servicio de funcionarios sin justificación.
37. El Estado Mayor Presidencial se incorporará a la Secretaría de la Defensa.
38. La residencia oficial de Los Pinos será un espacio cultural.
39. Desaparecerán las partidas para vestuario.
40. Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte privacidad de personas.
41. Se cuidarán los bienes de la oficina.
42. Se evitarán gastos de oficinas innecesarios.
43. Se tratará con amabilidad a los ciudadanos.
44. Las compras del gobierno se harán de manera consolidada y con observación ciudadana y de la ONU.
45. Los contratos de obra se harán mediante licitación pública.
46. Se acabará la vergonzosa práctica del soborno a legisladores.
47. Ningún funcionario público podrá recibir regalos de más de 5.000 pesos (264 dólares).
48. No se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley.
49. En las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales se dará preferencia a los originarias de países que castiguen sobornos o corrupción.
50. Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que se hayan otorgado mediante influencias. En caso de anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso y a tribunales nacionales e internacionales para actuar por la vía legal. No habrá confiscación o expropiación de bienes.-EFE