Honduras figura entre los países centroamericanos más golpeados por la violencia criminal en los últimos años.
Aquí, al igual que en Guatemala y El Salvador, ingresan y circulan armas sin ningún control, y las autoridades aún no logran evitar que los artefactos decomisados vuelvan a manos de los delincuentes, reveló un estudio regional.
«Es un hecho que la circulación de armas de fuego es libre en toda el área, con legislaciones muy permisivas en su mayoría», consigna la investigación realizada por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), una de las ONG que participó en el estudio apoyado por la ONU.
El informe «Destrucción de Armas en Centroamérica y el Caribe» fue elaborado por la Red Centroamericana para la Construcción de la Paz y el Desarrollo Humano, y fue presentado esta semana en Nueva York durante una reunión de la ONU para revisar un programa contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Según los datos arrojados por este estudio, en Honduras entre 2011 y 2016 se logró el decomiso de unas 13 mil armas, pero se destruyeron solamente 7 mil, quedando la interrogante de dónde están esas 6 mil restantes.
La existencia de miles de armas legales e ilegales contribuyen a la «gran cantidad» de delitos contra la vida, sobre todo en el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) que reflejan altas tasas de homicidios: 13,129 muertes al cierre de 2017, detalla el informe.
En El Salvador, en los últimos cinco años, se registraron 24,569 homicidios, de los cuales el 80% fue cometido con un arma de fuego. La mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes entre 15 a 29 años, reseña el estudio, citando cifras oficiales.
En la región circulan de forma legal alrededor de dos millones de armas, según el estudio.
El documento destaca que fiscalías y autoridades judiciales han tenido una «falta de atención» a la presencia de las armas, debido a que los jueces focalizan su atención en los procesados y no en los objetos que acompañan el delito.
En algunos casos las autoridades sí deciden decomisar las armas usadas en el crimen, pero las legislaciones no son claras con relación con su destrucción.
«Por una parte se decretan los decomisos, pero no su posterior destrucción», señala el estudio. Solo una parte de las armas decomisadas fueron destruidas.
Entre 2011 y 2016, Guatemala reportó que fueron inutilizadas 15,972 armas, El Salvador 50,458, Honduras 7,000 y Costa Rica 49,226.