La Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) sugirió hoy al Parlamento del país derogar un decreto en el que se tipifica el delito de “apología e incitación a actos de terrorismo” y que está dirigido a castigar a medios de comunicación.
El portavoz del Poder Judicial en Tegucigalpa, Melvin Duarte, dijo a periodistas que el pleno de la Corte Suprema de Justicia recomienda al Congreso Nacional “la derogatoria” del artículo 335-B.
“El documento será enviado al Congreso Nacional recomendando la derogatoria del artículo 335-B, sobre todo en lo que establece el artículo 72 de la Constitución de la República que habla de la libertad de emisión en el pensamiento, así como lo que establece el artículo 13 la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José”, explicó.
Duarte indicó que el documento primero será enviado a la Comisión de Estilo nombrada por el pleno de magistrados, quien la remitirá a la Secretaría General del Poder Judicial para que haga una certificación del caso y luego la envié a la Presidencia del Supremo, que la enviará al Congreso Nacional.
El artículo penaliza a “quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinada al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo”.
El Colegio de Periodistas de Honduras ha venido pidiendo al Parlamento la derogación definitiva del decreto, publicado el 27 de febrero de 2017 en el Diario Oficial.
En abril pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó a Honduras a derogar este decreto pues considera que contraviene los principios universales en materia de libertad de expresión, y “representa una restricción ilegítima de la libertad de información” que podría aplicarse “de forma arbitraria” en perjuicio de medios y periodistas.
“El artículo podría constituir un mecanismo de censura previa en perjuicio de la libertad de prensa e información a que tiene derecho los ciudadanos de forma ideal y colectiva”, indicó la SIP.
En su resolución, la SIP denunció además ante la comunidad internacional que la aprobación de esta normativa “violenta los derechos contemplados” en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Por estos motivos reiteró al Gobierno hondureño que “cualquier legislación” que pretenda regularizar el terrorismo debe “ajustarse a los estándares internacionales para que no tengan efectos sobre la libertad de expresión”.-EFE