El ministro asesor del Gobierno de Juan Hernández, Ebal Díaz, denunció nuevamente que las empresas de telefonía celular del país, “no están cumpliendo con la obligación de impedir que se realicen llamadas telefónica de los centros penales”.
Díaz expresó lo anterior en declaraciones a la cadena de radio HRN donde los operadores de la telefonía celular, “no impiden que salgan las llamadas de teléfonos móviles, o sea, de celular de los Centros Penales o que ingresen esas llamadas”.
Asimismo agregó que “ellos están obligados a instalar una tecnología que impida esta entrada y salida de llamadas, es decir, no se está cumpliendo técnicamente con la obligación y los procesos administrativos o los procedimientos administrativos sancionatorios están”.
El funcionario, también comisionado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en sus declaraciones a la cadena de radio, agregó el incumplimiento o para que se “cumpla con la normativa de impedir la salida de llamadas de centros penales, las sanciones van alrededor de los 10 millones de lempiras”.
El año pasado Díaz repitió esta denuncia y aseguró que las empresas en este caso Claro y Tigo, serían sancionadas, considerando que las autoridades policiales casi siempre que realizan operativos en los centros penales encuentran celulares, lo que indica que se continúan haciendo y que los implementos tecnológicos para impedirlas no estarían funcionando 100 por ciento.
Autoridades de la Policía Anti extorsión sostienen que de los centros penales miembros de las maras o del crimen organizado, continúan haciendo llamadas y coordinando algunos actos delictivos y hasta criminales.
Empero, ejecutivos de una empresa de estas dos que operan en el país, aseguró en declaraciones a la prensa, que ellos están cumpliendo con las técnicas para impedir llamadas telefónicas de los centros penales, cumpliendo la Ley de Limitaciones de Telefonía Celular en los Centros Penales.
Tomado de hondudiario.com