Son más de un millón 168 mil hondureños que están registrados como deudores en la oficina de la Central de Información Crediticia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), y la mayoría son hombres, informó la jefe de esta dependencia, Lizeth Garay.
“El 54 por ciento son hombres y el resto mujeres, la diferencia son las empresas que también están consolidadas en la Central, que también son supervisadas. De estos deudores aproximadamente un diez por ciento están en mora, es decir que unos 120 mil personas tienen algún atraso en el cumplimiento de sus deberes”, informó.
Ante este panorama Garay manifestó que no conviene reducir el periodo de cinco a tres años en que cada deudor está registrado en la central de riesgos, como suele conocerse, y cuyo cambio o reforma en la ley del CNBS proponen diputados del Congreso Nacional.
Lo anterior porque no se generaría confianza en el sector económico respecto al tema crediticio, “la intención siempre es promover el crédito pero el enfoque debería de ser hacia personas que han tenido un buen comportamiento de crédito”.
Explicó que lo que hace la central de riesgos es ayudar a consolidar información que permite a los acreedores evaluar el comportamiento de pago y permitirles a estas personas que pagan bien sus deudas, mayor acceso a créditos.
Hasta junio de 2015, son más de tres millones de hondureños, parte de la población económicamente, lo que significa que casi dos millones son personas consideradas buenos deudores que podrían ser originadores de crédito y ampliación de proyectos que dinamizan la economía, mencionó.
Entonces, “una medida como esta (bajar los años en registro de riesgo) sería beneficiaria para un número de deudores que tienen un irregular comportamiento de pago y en 2013 se promovieron medidas similares, lo que hablan las estadísticas es que de 146 mil deudores que nunca pagaron sus deudas hasta ese año, el 23 por ciento han vuelto a entrar en mora al 2016, es decir que hay que promover políticas que generen un crecimiento económico que solo puede provenir de aquellas que pagan puntualmente sus obligaciones”.
En ese contexto, Garay instó a un mejor análisis y evaluación de la moción que pretenden los diputados, quienes deben tener en cuenta también que el Producto Interno Bruto (PIB) es aportado en un más de 3.6 por ciento en 2015 con aporte de la banca privada que es más del 2.7 por ciento, “lo que tiene que hacerse son políticas para que ese crecimiento sea sostenido y si se impulsan prácticas que vayan a perjudicar el buen desenvolvimiento de las carteras crediticias de las instituciones, podría ser una medida contraproducente, dada la situación económica difícil que es sostenida por la actividad que genera el sistema financiero.