Tomado de m.dw.com
Aunque la iniciativa que apoyará la lucha contra la corrupción en Honduras aparece como una luz de esperanza para millones de agobiados por la corrupción, la violencia y la pobreza, expertos expresan gran escepticismo.
Honduras, El Salvador y Guatemala componen un triángulo de países en donde “la corrupción es parte de la sobrevivencia cotidiana”, dice a DW Kai-Enno Lehmann, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de São Paulo, especializado en América Central.
La criminalidad derivada de la corrupción no solo se limita a la violencia del asesinato callejero sino que está enquistada en el Estado como conducta “normal” de los de “cuello blanco”. “No en vano, estos tres países hacen parte de una de las regiones más inseguras del mundo”, agrega Lehmann, quien actualmente adelanta un trabajo de investigación en el Instituto alemán de Estudios de América Latina (GIGA), en Hamburgo.
Gracias a la presión de las protestas populares de los “indignados” hondureños y sus “Marchas de las Antorchas”, el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, accedió a enfrentar el peor problema de Honduras: la corrupción, como generadora de violencia, de impunidad y pobreza. Hernández firmó este 19 de enero un convenio con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la constitución de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Escepticismo a ambos lados del Atlántico
El ejemplo de Guatemala puede haber inspirado a los hondureños, pero en su país los obstáculos y la reticencia al trabajo de los expertos foráneos en Justicia son mayores, así se trate de suramericanos o europeos. Las diferencias empiezan con el nombre: mientras en Guatemala se constituyó una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), bajo el auspicio de Naciones Unidas y países como Alemania, en Honduras se trata “solo” de una Misión de Apoyo, avalada por la OEA.
Si en Guatemala, tras ocho años de trabajo de la CICIG, “la batalla más grande en la lucha por un Estado de Derecho apenas empieza”, como dice Martin Reischke en DW, el “optimismo reservado” expresado por Kai-Enno Lehmann sobre el efecto y el futuro de la MACCIH se hace más comprensible. El mismo titular de la CICIG, Iván Velásquez, alabó «la voluntad de fortalecer las instituciones de Justicia de Honduras», advirtiendo que “hay que ver cómo trabaja”.
“El éxito de la CICIG en Guatemala aumentará el nerviosismo de los corruptos en Honduras que tratarán de impedir las reformas y el esclarecimiento”, advierte Lehmann, para quien el “débil compromiso” del Gobierno de Honduras es resultado de las preocupaciones de las élites corruptas, tanto en el Estado como en la industria privada. Aún así, para Luis Almagro, secretario
general de la OEA, la MACCIH, que iniciará operaciones en febrero, es “un instrumento sin precedentes para abatir la corrupción e impunidad en Honduras».
Pero el escepticismo sobre la MACCIH cunde a ambos lados del Atlántico. El Wilson Center, una agencia de investigaciones y órgano de consulta del Congreso de Estados Unidos, advierte en el diario El Heraldo, de Honduras, que “si no hay depuración de los operadores de Justicia será muy complicado”. Si bien la MACCIH certificará a policías, jueces y fiscales que investigarán casos de redes de corrupción,entre otras funciones, no ha recibido atribuciones para recibir denuncias directamente de la ciudadanía, sino que estas pasarán por el Ministerio Público. Un filtro que se puede convertir en uno de los mayores obstáculos para llegar hasta los corruptos más poderosos.
Un Estado llevado al fracaso por los corruptos
“Una preocupación” que Lehmann comparte con el Wilson Center y agrega que, “a pesar de que el documento entre Honduras y la OEA habla de independencia absoluta de la MACCIH, esa independencia hay que ponerla en duda, conociendo el papel del aparato hondureño de Justicia”, como lo demuestra el proceso de elección de juristas nominados a la Corte Suprema, algunos de los cuales enfrentan severas acusaciones”.
“Un país como Honduras, en donde el sistema judicial solo opera en función de las ventajas para un muy pequeño grupo de personas, es un Estado fallido”, apunta el profesor Lehmann, especialista en América Central. El diagnóstico de Kai-Enno Lehmann es aún más drástico: “El sistema de Justicia y la Policía de Honduras son entes tan corruptos que no se pueden reformar, sino disolver”.
Un paso que atacaría una de las raíces de los problemas en Honduras, El Salvador y Guatemala: la total desconfianza de los pueblos en el Estado de Derecho. Lehmann concluye además, que “la legitimación de las bandas criminales en América Central se basa en Estados débiles, corruptos, incapaces o reticentes a velar por la seguridad y el bienestar de todos”, advirtiendo, por último, que “si no se (re)construye la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho, la MACCIH está condenada a fracasar”. Una tarea de varias generaciones. La MACCIH está concebida para durar 4 años.