Roberto Herrera Cáceres Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, revelo un posible nuevo acto de corrupción en el gobierno de Juan Orlando Hernández con la entrega de las bolsas solidarias.
Mediante un informe Cáceres revelo que dicho proyecto que supuestamente ayuda al pueblo hondureño en general, no ha sido distribuido de manera equitativa ya que se ha politizado las entregas.
El Ombudsman hondureño señaló que muchas familias beneficiarias desconocían del programa y revelo que en muchas municipalidades del país se entregaron siempre y cuando las familias demostraran apoyo al partido en el poder.
La entrega de las bolsas, que contenían arroz, frijoles, maíz, harina de maíz y café, no fue priorizada hacia las personas más pobres y en condiciones de vulnerabilidad como la niñez, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad.
El CONADEH verificó que de tres entregas de bolsas solidarias, en algunos municipios, sólo se realizó una.
Caceres criticó la falta de coordinación que hubo en el gobierno nacional ya que en ciertas comunidades del corredor seco, en las cuales se entregó bolsas de alivio, se distribuyó también la bolsa solidaria como parte del Programa Vida Mejor y se dio adicionalmente la presencia paralela de la Secretaría de Agricultura y Ganadería distribuyendo bonos tecnológicos.
De acuerdo al documento, Banasupro y Copeco no coordinaron de manera correcta.
También se refirió a la manifiesta ausencia de concertación en la cooperación con otras fuentes hacia los destinatarios de la ayuda humanitaria, en particular con el Programa Mundial de Alimentos, Cruz Roja Internacional, Visión Mundial, OXFAM y otras.
En el informe, recuerda la incidencia del fenómeno atmosférico el niño, de junio a octubre de 2014, que afectó drásticamente a diez departamentos del país, que conforman el corredor seco.
El informe establece que las acciones de veeduría y monitoreo a la entrega de las bolsas de alivio, se realizó en 51 municipios de los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Choluteca, Valle, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y Yoro.
El ombudsman hondureño considera que se debe a rendir cuentas sobre la aplicación de los cien millones, asignados por el gobierno, para apoyar la ejecución del Plan estratégico presentado por Copeco.
Además, asegurar la participación activa y la supervisión del comisionado municipal y las comisiones ciudadanas de transparencia en los municipios.
Finalmente, el ente estatal de derechos humanos pide al gobierno y a los cooperantes nacionales e internacionales coordinar acciones para no duplicar recursos y esfuerzos en detrimento de la atención a todos los seres humanos que requieren de ayuda humanitaria.
