La Corte Suprema de Justicia de Guatemala anunció el miércoles que dio trámite a una solicitud para retirar la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina.
La Corte basó su decisión en la denuncia presentada por un diputado de oposición que asegura que Pérez Molina estaría vinculado a dos investigaciones por hechos de corrupción.
El presidente de la Corte Suprema, Josue Baquiax, dijo en rueda de prensa que la resolución fue por unanimidad y será enviada inmediatamente al Congreso, que deberá elegir una comisión pesquisidora de cinco diputados para investigar la denuncia.
En base a la decisión de la comisión, que tiene un plazo máximo de 60 días para entregar el informe al Congreso, se decidirá si retira o no la inmunidad al mandatario.
Baquiax dijo que “la decisión se basó en los argumentos del denunciante”, el diputado de izquierda Amílcar Pop que acusa al mandatario de estar vinculado con dos escándalos de corrupción: el primero por la defraudación aduanera por millones de dólares al fisco guatemalteco, de la cual no se ha suministrado el monto, y el segundo por un fraude al seguro social por $15 millones.
Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992, opinó que la renuncia de Pérez Molina, es “inevitable”, máxime después de que el Supremo autorizó al Congreso para que determine si retira la inmunidad al mandatario.
“Yo creo que la renuncia del Presidente es inevitable, a menos que los guatemaltecos estén dispuestos a sentar un precedente de impunidad y de permitir que la persona más alta de su diligencia nacional (…) esté vinculada al crimen organizado”, declaró Menchú.
Menchú subrayó que, en caso de que Pérez Molina no renuncie, existe el peligro de que la crisis actual se extienda al próximo gobierno, y de que se levanten más movimientos sociales en los próximos meses.
Por ello, abundó, “no hay otra alternativa” que la renuncia de Pérez Molina, máxime si los ciudadanos guatemaltecos están a favor de la transparencia.
Ante los recientes escándalos de corrupción en Guatemala Menchú, al igual que sectores civiles y miles ciudadanos en la calle, ha pedido la dimisión de Pérez Molina, quien ha descartado esa posibilidad y ha renovado su gabinete con la promesa de buscar la transparencia.
Para Menchú, el mandatario “sabía lo que pasaba” en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y “a todas luces no es inocente”.
La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, desarticuló el 16 de abril una red de funcionarios y particulares que desfalcó al fisco guatemalteco. Según las autoridades la red era liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, entonces secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
La vicepresidenta tuvo que renunciar del cargo el pasado 8 de mayo, luego de que también se diera trámite a un antejuicio en su contra por su vinculación en la defraudación.
La fiscalía ha allanado inmuebles, inmovilizado cuentas bancarias y prohibido la salida del país de Baldetti por estos hechos. La ex vicepresidenta ha negado su vinculación.