En medio de la conmoción por el trágico accidente vial que cobró la vida de doce personas en la carretera que conduce a Olancho, el gobierno de Xiomara Castro ha desencadenado una nueva polémica al anunciar la compra de 71 vehículos, supuestamente destinados a fortalecer las labores de patrulla vial. Sin embargo, esta decisión estaría más relacionada con un aprovechamiento oportunista de la tragedia para justificar una inversión masiva y cuestionable.
“El día de hoy lanzamos el fortalecimiento de las patrullas de carreteras, donde estamos destinando 71 vehículos radio patrullas nuevos adicionales a los 36 que ya estaban asignados para cubrir 2,500 kilómetros de los principales ejes carreteros del país”, manifestó el Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad, Gustavo Sánchez.
La compra demuestra cómo, lejos de abordar de manera integral y efectiva las causas subyacentes del accidente y mejorar las condiciones de seguridad vial, el régimen Castrista-Zelayista opta por una solución superficial y costosa. La falta de transparencia en el proceso de adquisición de los vehículos y la inexistente explicación detallada sobre la necesidad de una flota tan extensa, invitan a pensar que estamos ante la comisión de otro acto de corrupción en la actual administración gubernamental.
La instrumentalización de la tragedia para justificar esta compra desproporcionada es una muestra más de la falta de escrúpulos en el accionar del gobierno, ya que lejos de adoptar medidas preventivas para evitar las fatalidades viales que permanecen a la orden del día, sacan provecho de las mismas para ejecutar infames compras de emergencia.