Macri, imputado por su implicación en los papeles de Panamá

imageCuando el Gobierno argentino pensaba que ya había amainado el temporal por el escándalo de los ‘papeles de Panamá’, un fiscal federal ha admitido a trámite este jueves una denuncia penal presentada por un diputado kirchnerista contra el presidente Mauricio Macri, quien aparece en las filtraciones periodísticas como titular de dos sociedades ‘offshore’ en paraísos fiscales.

El fiscal Federico Delgado ha aceptado impulsar la denuncia penal contra Macri por presunta «omisión maliciosa» en su declaración jurada tras la revelaciones que señalan la participación del mandatario en las sociedades Fleg Trading Ltd., abierta en las islas Bahamas, y Kagemusha, con domicilio legal en Panamá. La denuncia ha sido presentada por el diputado Norman Martínez, del kirchnerista y opositor Frente para la Victoria (FpV), quien atribuye a Macri presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal.

El fiscal ha pedido al juez Sebastián Casanello que realice medidas de prueba para averiguar si Macri cometió algún delito por su participación en esas sociedades ‘offshore’. En concreto, Delgado ha solicitado que se indague la «vida social» de las dos empresas, una información que las filtraciones de los ‘papeles de Panamá’ no detallan.

El presidente argentino aparece como director de Fleg Trading Ltd., una sociedad creada en 1998 por su padre, el magnate Franco Macri, quien la mantuvo vigente hasta 2009, cuando Macri era ya alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Tras la revelación aparecida el domingo en los ‘papeles de Panamá’, días más tarde se supo que el líder conservador tenía participación en la empresa Kagemusha, radicada en Panamá. Según la prensa argentina, que cita el Registro Público de Panamá, el mandatario figura en esta empresa como vicepresidente. Ambas compañías forman parte de los negocios familiares de Franco Macri.

Cuando estalló el escándalo, primero el Gobierno y más tarde el propio Macri trataron de aclarar el vínculo con esas sociedades ‘offshore’. «Fue todo legal», dijo el mandatario en su única declaración a un canal de televisión. La Casa Rosada, por su parte, emitió un comunicado en el que aseguraba que Macri no tuvo en ningún momento participación accionarial en la sociedad Fleg Trading Ltd. Por ese motivo, según el Gobierno, no se vio obligado a declarar esa participación en sus declaraciones juradas ante Hacienda.

Como en el caso de otros mandatarios, líderes políticos y personalidades públicas, el nombre de Macri aparece en los documentos internos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. El padre del mandatario aseguró que la empresa Fleg Trading Ltd., creada tras una triangulación realizada con un estudio contable uruguayo, fue creada para realizar inversiones en Brasil y nunca fue utilizada en sus 10 años de vida. Ahora, el fiscal quiere determinar si esa información es correcta y por qué estuvo entonces vigente la empresa durante una década (entre 1998 y 2009). Sobre la sociedad Kagemusha ni el Gobierno ni la familia Macri han aportado detalles hasta ahora.

Tras el escándalo, la oposición ha exigido más explicaciones al mandatario. El líder peronista moderado Sergio Massa ha reclamado una aclaración pública en todos los canales de radio y televisión. El kirchnerismo y la izquierda parlamentaria han pedido, por su parte, la comparecencia de Macri en el Congreso, una propuesta que ya ha sido rechazada por la Cámara de Diputados gracias a los votos del oficialismo y de sus aliados parlamentarios.

Macri se inició en la política a principios de la década pasada y con el partido que fundó, PRO (Propuesta Republicana), logró llegar a la Jefatura del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2007. Fue alcalde de la capital argentina hasta el año pasado, cuando dio el salto a la Casa Rosada derrotando al hasta entonces todopoderoso kirchnerismo.

En sus cuatro meses al frente del Gobierno, una de sus prioridades políticas ha sido la lucha contra la corrupción. De hecho, la imputación penal contra Macri se produce en plena ofensiva judicial contra ex altos cargos y empresarios emblemáticos de la era kirchnerista. Y el oficialismo ha tenido mucho que ver con esa aceleración de las causas abiertas por corrupción contra ex funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Hace unos días era detenido el empresario Lázaro Báez, favorecido durante una década con millonarios contratos de obra pública y acusado de lavado de dinero. Y la propia Cristina Kirchner deberá declarar ante los juzgados el próximo miércoles por otra causa.

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