Gobierno contará con apoyo del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU para la reducción de la violencia y el fortalecimiento de los operadores de justicia

El Presidente Porfirio Lobo Sosa, recibió este lunes, en Casa Presidencial, el respaldo de los miembros del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  en las tareas que realiza el Gobierno, en reducir la violencia en el país y en el fortalecimiento de los operadores de justicia.

En ese sentido, el  jefe del subcomité, Mario Coriolano,  agradeció la apertura del Presidente Lobo Sosa, al atender  a la delegación de la ONU, la que buscará trabajar de la mano con el Gobierno, en la protección de los derechos humanos, así como de buscar formas conjuntas entre el Estado y esa organización internacional, con el fin de reducir la violencia.

Coriolano manifestó que la reunión con el Mandatario hondureño, sirvió para ordenar objetivos de la misión que trabajarán en fortalecer  el  Mecanismo Nacional de Prevención, que se ha puesto en marcha por el Gobierno,  gracias a la probación de  la misma,  en la administración del ex presidente Ricardo Maduro,  así como acompañarán los esfuerzos de la Comisión de Reforma de  la Seguridad Pública.

Añadió que  los miembros nacionales de esa comisión trabajarán de cerca con los representantes de la ONU, como órgano internacional, que cumplirá con el papel de realizar visitas periódicas en  lugares de detención, postas judiciales, cárceles, hospitales  e internados de menores, con un eje, la prevención a través de la medidas que  eviten los hechos de violencia, brutalidad y muertes.

“Nos hemos encontrado con un Presidente  muy abierto,  al tomar medidas concretas  junto con su Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, para  fortalecer el Mecanismo Nacional de Prevención,  que trabaja articuladamente con el Gobierno y la sociedad civil, en temas como las  reformas institucionales del sector policial, judicial y penitenciario”, acotó.

Asimismo, informó que tendrán jornadas de trabajo con el Gobierno,  sociedad civil y organismos de derechos humanos, con el fin de robustecer  ese mecanismo de prevención, así como dar seguimiento a las recomendaciones  efectuadas en  septiembre de 2009.

 

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