Empleados públicos que aspiran a una magistratura en la CSJ, ¿deben renunciar?

Deben RenunciarCon sorpresa el pueblo hondureño ha visto como las diferentes organizaciones e instituciones responsables de poner en la nómina de candidatos a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia han plagado la lista de un gran porcentaje de actúales funcionario del poder judicial y la administración publica en el Gobierno de Juan Orlando Hernández.

La lista la encabezan nefastos personajes como el actual Presidente de la Sala de lo Constitucional, Víctor Manuel Lozano Urbina, Lidia Estela Cardona (Magistrada CSJ), Silvia Trinidad Santos (Magistrada CSJ), Rosa de Lourdes Paz Haslam (Magistrada CSJ), miembros del Consejo de la Judicatura como el Concejal Celino Arístides Aguilera, Remberto Ordoñez (Concejal), Ethel Déras (Presidenta de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros), Dagoberto Aspra Iglesias (Director Ejecutivo Consejo Nacional Anticorrupción), Rolando Argueta Pérez (Director de Fiscales del Ministerio Público), German Leitzelar (Miembro de la Junta Interventora del Seguro Social), Lolis Salas (Directora del Dinaf), Adela Kafati, Leónidas Rosa Bautista (Embajador de Honduras ante la OEA), entre otros.

Personas que ganan más de 200 mil lempiras en el poder judicial y en diferentes instituciones del Estado y que cuentan con el padrinazgo del Presidente Juan Orlando Hernández se han logrado colar a través de las diferentes organizaciones e instituciones proponentes de candidatos coludidos y en complicidad con el actual gobierno, se prestaron para que en sus nóminas fuesen personas cuestionadas e involucradas en actos ilícitos y de violación a la ley.

El talón de Aquiles de la democracia hondureña es la cuestionada participación de los operadores de justicia que han permitido los altos niveles de impunidad y llama la atención que precisamente quienes son los autores intelectuales y materiales de la alta corrupción en el Poder Judicial, estén siendo propuestos para el continuismo en sus cargos desde los cuales no han sabido dar una respuesta positiva al pueblo hondureño.

A criterio de entendidos en la materia, esta es una burda maniobra gestada desde el Poder Ejecutivo con el propósito de buscar la debida protección en el futuro, cuando en su momento tengan que ser perseguidos por actos irregulares cometidos durante la actual administración, la más cuestionada en los últimos años y que ha provocado que la población hondureña exige la presencia de una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI).

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