Casi 4 mil policías cancelados en primer año de comisión depuradora

La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, cumplió un año de labores con importantes logros y enormes retos en la reforma del sistema de seguridad del país.

Desde que fueron juramentados como miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, los mismos han procedido a evaluar a 9234 policías de diferentes niveles, de los cuales 9 pertenecen al rango de General, 48 son Comisionados, 109 Subcomisionados, 111 Comisarios, 155 Subcomisarios, 245 Inspectores, 505 Subinspectores, 245 Suboficiales, 7382 agentes de escala básica y 425 auxiliares. De ese total de policías evaluados, 3919 fueron cancelados por diversas razones (reestructuración, justa causa / despido, disponibilidad, retiro voluntario y/o pensión por invalidez total y permanente), 15 están suspendidos, 11 todavía continúan en proceso de evaluación y 5289 fueron habilitados a continuar en el ejercicio de la función policial, sin menoscabo de ser permanentemente sometidos a procesos de evaluación de sus idoneidad y desempeño.

La mayoría de los oficiales cancelados, fueron excluidos de la estructura policial por la vía de la figura de la reestructuración, en función de la nueva estructura orgánica aprobada por la Comisión Especial que eliminó muchas unidades y cargos dentro del andamiaje institucional de la Policía Nacional, que según el criterio de los depuradores no “impactaban positivamente, ni eran relevantes”. Según los miembros de la Comisión Especial, “cuando se cancela por reestructuración se deben indemnizar al policía cancelado, ya que no media causa justificada imputable al que se retira, sino que se excluye como consecuencia de un proceso de reingeniería en el cual ese agente u oficial no encaja; de acuerdo al último reporte suministrado por la Dirección Administrativa de la Secretaría de Seguridad, se han pagado en concepto de indemnizaciones, prestaciones laborales y derechos adquiridos, cerca de 500 millones de lempiras a los policías cancelados”.

DESAFÍOS DEL PROCESO DE REFORMA POLICIAL

La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, ha diseñado una agenda integral de acciones que garantizarán la consolidación de la reforma de los diferentes organismos policiales; dicha agenda ha recibido el aval del Presidente de la República y de las autoridades de la Secretaria de Seguridad.

Sobresale como prioritario finalizar con la examinación de la idoneidad, confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad de integrantes de los diferentes organismos policiales, con especial atención a los que conforman la escala básica de la Policía Nacional; de la misma forma, culminar el proceso de ascensos al grado inmediato superior de los oficiales que hayan cumplido a cabalidad con sus requisitos de ley. Al respecto, se cumplirá la instrucción presidencial de proceder lo antes posible a lograr el apoyo de un ente externo especializado que pudiera certificar los procesos y el personal de los diferentes organismos policiales de acuerdo a estándares internacionales.

También, se propone blindar los cambios efectuados en el Instituto Tecnológico Policial (ITP) en La Paz y en la Academia de Investigación Criminal (AIC) en Comayagua, que han implicado una

inversión mayor a 18 millones de dólares provenientes de empréstitos y donaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y el Gobierno de los Estados Unidos de América; como complemento a estos importantes avances se plantea transformar la Academia Nacional de Policía (ANAPO) y la Universidad Nacional de la Policía (UNP), modificando los planes de estudios, renovando sus cuerpos de docentes de docentes y mejorando la infraestructura, con la intención que los oficiales egresados de esos centros académicos tengan el mismo enfoque que los agentes de escala básica que están siendo formados en el ITP.  Otra importante línea de trabajo esbozada tiene vínculo con el diseño de un integral Sistema de Capacitación Continua para todos los policías y oficiales en áreas estratégicas para a operatividad policial y la administración de los recursos.

Además, se plantea como fundamental consolidar procesos de reforma institucional, elevar el desempeño en los servicios que presta y ampliar la cobertura territorial de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de acuerdo a modelos internacionales; utilizar de forma adecuada los dos nuevos Laboratorios de Criminalística en Tegucigalpa y San Pedro Sula, en los cuales se invertirán más de 12 millones de dólares en la construcción de obra gris y la dotación de moderno equipamiento; y generar una mejora en la coordinación, armonización y complementariedad con otras recién creadas agencias de investigación criminal y unidades inteligencia, como la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público (MP) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).

Igualmente, se incide y colabora para que el Congreso Nacional de la República apruebe los antes posible –después del receso de Semana Santa- el paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de Personal de la Carrera Policial; desde la perspectiva de los miembros de la Comisión Especial la aprobación y puesta en vigencia de esas dos importantes legislaciones es fundamental para fortalecer los diferentes organismos policiales, darle sostenibilidad a la nueva estructura organizacional de la entidad, propiciar una profunda transformación del Sistema de Seguridad Pública en Honduras y establecer el régimen disciplinario adecuado, formalizar procedimientos que privilegien los méritos y el buen desempeño a la hora de otorgar ascensos y realizar nombramientos, y respetar los derechos y exigir los derechos que le corresponden a los integrantes de la Policía Nacional. Se incorpora como primordial tarea de corto plazo la redacción y aprobación de los reglamentos derivados de las leyes a ser promulgadas.

La modernización del marco jurídico policial implica la creación de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), que sustituirá la fracasada Dirección de investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), que luego de 5 años de gestión y más de 200 millones de lempiras gastados, no llenó las expectativas generadas cuando fue creada; según los depuradores, si los legisladores aprueban esta idea, en el marco de la propuesta de cambios a la normativa legal aplicable a los diferentes organismos policiales, se podría dejar instaurado un nuevo Sistema de Investigación, Evaluación y Certificación de los miembros de la institución y en operaciones una dependencia desconcentrada de la Secretaría de Seguridad con autonomía técnica, administrativa  y financiera, a cargo de investigar las faltas graves y muy graves en que incurran los miembros de la Secretaría y de la Policía Nacional.

Uno de los asuntos relevantes del trabajo de los comisionados depuradores en los próximos meses, es la ineludible e impostergable faena de identificar los nuevos líderes de la Policía Nacional; es un imperativo categórico empezar a ejecutar las acciones pertinentes para configurar la nueva cúpula policial, conformada por altos oficiales honestos, decentes, competentes y eficaces, que puedan darle sostenibilidad a los cambios derivados de la reforma policial que se está realizando. Identificar los nuevos “campeones” que le darán seguimiento a la implementación y sostenibilidad a las grandes transformaciones que se están generando en la Policía Nacional es un “quehacer cardinal” según los miembros de la Comisión Especial.

Otras líneas de acciones que se constituyen en retos y desafíos del proceso de reforma policial, son la consolidación de los procesos de transformación de la institucionalidad de la Policía Nacional en áreas claves como Administración, Finanzas, Recursos Humanos, Telemática, Legal y otras; la dotación a la Policía Nacional de todos las herramientas/instrumentos, equipamiento y recursos materiales, logísticos, tecnológicos, financieros y otros, necesarios para el cumplimiento de su mandato institucional; la creación de una Nueva Cultura Policial dando un viraje a la filosofía institucional con énfasis en el respeto a los Derechos Humanos, el enfoque comunitario, la evaluación continua, meritocracia, medición de gestión por resultados, la disciplina y la honradez y otros; la generación de un mayor alineamiento, continuidad y sostenibilidad del apoyo de la cooperación internacional; y la ampliación de espacios de participación ciudadana para la auditoría social y veeduría ciudadana.

Finalmente, pese a no ser responsabilidad directa de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, la misma dará seguimiento a los procesos de investigación criminal de los agentes y oficiales cancelados con indicios de haber cometido delitos y crímenes, especialmente a los que están incluidos en los 144 casos remitidos al MP que incluyen a 455 policías en la presunta ejecución de 28 diferentes delitos; el mejoramiento de la relación entre la Policía Nacional con la sociedad (ONGs, prensa, cooperación, etc.); el diseño campañas para dignificar a la nueva Policía Nacional y sus miembros, a fin de incrementar el prestigio y la confianza de la gente; y la formulación y realización de una política de transparencia y rendición de cuentas de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional.

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