Banco Ficohsa vinculado a la corrupción en Centroamérica

Informes internacionales vinculan a la Financiera Comercial Hondureña (Ficohsa) con actos de corrupción en Centroamérica.

El papel de Ficohsa en operaciones de blanqueo de capitales ha salido a relucir en varias investigaciones la Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción de Honduras (MACCIH).

La documentación establece que el Banco Mundial a través de su brazo de financiamiento privado (IFC) ha aportado fondos a proyectos involucrados en casos de corrupción y lavado de dinero señalados por la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras.

Cuando IFC compra acciones de una institución financiera, como ocurrió con Ficohsa y G&T Continental (en ambos, la entidad posee el 10 por ciento del capital) sus normas establecen que su responsabilidad se extiende sobre todas las actividades del banco).

Tampoco está claro que IFC cumpla con todo lo que sus reglamentos sí dicen. Esto implicaría que la entidad tuviera que supervisar continuamente a los bancos como Ficohsa y G&T Continental para garantizar que, en todos sus préstamos de más de US$10 millones, se cumplieran todas las Normas de Desempeño Ambiental y Social.

De la CICIG a la MACCIH

Camilo Atala es considerado uno de los hombres más ricos de Honduras. Él y otros miembros de su familia son dueños, entre otros negocios, de Ficohsa, uno de los bancos más importantes y mejor relacionados con la clase política hondureña.

Ficohsa ha sido uno de los principales beneficiarios de la ola de privatizaciones que ha vivido el país durante el mandato del Juan Orlando Hernández, reelecto en 2018 entre alegaciones de fraude electoral. El Estado ha entregado a Ficohsa la gestión de cientos de millones de dólares depositados en fideicomisos de fondos públicos y ha convertido al banco en responsable de licitar grandes contratos públicos.

Este banco es, en parte, propiedad de IFC, que posee un 10 por ciento de las acciones, adquiridas en 2011 por 22 millones de dólares. A diferencia de G&T Continental, Ficohsa o sus directivos hasta el momento no han sido procesados por asuntos relacionados con corrupción. Sin embargo, desde que la MACCIH (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) se estableció en Honduras en 2016, el nombre del banco ha aparecido en algunos de las principales investigaciones.

En febrero de 2017, la ONG Global Witness publicó un informe en el que señalaba, citando informes de la fiscalía antimafias de Honduras, que una red de funcionarios públicos que desfalcó US$350 millones del Seguro Social, invirtió una parte de los fondos desviados, unos US$300 mil, en una propiedad en el complejo hotelero Indura Beach. Este proyecto es desarrollado por una empresa de la que es accionista mayoritario Camilo Atala y según la investigación, un consorcio de bancos regionales liderados por Fichosa, había entregado un préstamo de 20 millones de dólares

al hotel. Indura Beach aseguró en un comunicado de prensa que colaboró con la fiscalía al descubrir el hecho.

El desfalco en el Seguro Social de Honduras ha sido uno de los casos de corrupción más destacados en Centroamérica en los últimos años y, de hecho, motivó el establecimiento de la MACCIH.

La institución, creada a imagen de la CICIG, destapó en febrero de 2018 un escándalo protagonizado por Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), en el que también aparece Ficohsa. Bonilla está siendo procesada por sustraer unos US$680 mil de donaciones de Taiwán que manejó cuando era Primera Dama.

Según la investigación, Bonilla recibió los fondos a través de cuentas en Ficohsa a nombre de Casa Presidencial y después los trasladó a sus cuentas personales en el mismo banco falseando facturas.

Hasta el momento, IFC ha guardado silencio al respecto de estos casos. A través de una vocera, la entidad señaló, antes de conocerse el caso de Bonilla, que “están al tanto de estas alegaciones, sin embargo no ha habido un procedimiento legal que las fundamente”.

Entre 2013 y 2014, Ficohsa fue objeto del primer reporte realizado por el Ombudsman de IFC sobre uno de los bancos de los que la entidad es socia en Centroamérica.

La auditoría surgió a raíz de quejas contra el Grupo Dinant, propiedad de la familia Facussé, e importante cliente de Ficohsa. Dinant, una empresa que también había sido financiada por IFC, fue acusada de intimidar y asesinar a campesinos para extender sus plantaciones de palma africana en el valle del Aguán.

Las operaciones de la empresa fueron financiadas además con un préstamo de US$12 millones otorgado por Ficohsa, según el reporte del CAO.

La auditoría concluyó que IFC no había cumplido con algunas de sus principales obligaciones como accionista del banco. Según el informe, Ficohsa no contaba con un sistema efectivo de gestión ambiental y social, carecía de un canal para recibir quejas, y las operaciones de los grandes clientes no estaban cumpliendo las Normas de Desempeño Social y Ambiental.

Según el Ombudsman, en las consideraciones de IFC “había una primacía de lo financiero”. Se analizaba el riesgo crediticio del banco, pero otro tipo de impacto se relegaba.

Tras esta auditoría, se han publicado otras sobre el banco hondureño que han mostrado mejoras en sus operaciones.  Sin embargo, como evidencia lo sucedido en TCQ o G&T Continental, no está tan claro que el desempeño de la propia IFC haya mejorado.

El brazo del Banco Mundial para las empresas se presenta como un agente de desarrollo sostenible, pero como muestran estos casos, con frecuencia, actúa como un banco privado más.

Alexander Aizenstatd, nombrado interventor de TCQ cuando se destapó el caso, mostró en una entrevista su suspicacia sobre el financiamiento de bancos externos, y habló específicamente de IFC, e informó que cuando llegaron al país su única preocupación era la forma en que el Estado iba a devolver el dinero. En otra entrevista, concedida a Plaza Pública informó: “Yo los traté como accionistas, pero ellos me dejaron claro que no se consideran accionistas. Que esto solo fue un mecanismo de inversión para ellos”. Preguntado por No-Ficción sobre alguna sospecha al respecto de estas inversiones: “No puedo identificar qué exactamente. Hubo cosas, no necesariamente impropias, pero inadecuadas en estas circunstancias”.

Mientras la CICIG sigue destapando casos de corrupción en Guatemala, la terminal de puerto continúa en un peliagudo proceso legal que ha llevado a TCQ, comprada por la compañía holandesa APM, casi a la quiebra. La terminal se mantuvo inactiva hasta febrero 2017 cuando finalmente se levantó la suspensión de sus operaciones, pero las deudas contraídas por las pérdidas derivadas de su cierre temporal han complicado sus finanzas. A diferencia del caso de Odebrecht, en el de TCQ no ha habido ninguna indemnización al Estado por el soborno transferido.

El Grup Maritim TCB, que impulsó el proyecto TCQ, hasta el momento no ha sido públicamente sancionado, pese a que las personas involucradas en el caso están siendo procesadas en cortes guatemaltecas. Tampoco el Banco G&T Continental, ni el Banco Fichosa, que han sido señalados de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero.

Aquí el informe original:  https://www.no-ficcion.com/project/banco-mundial-y-su-financiera-ifc-han-apoyado-la-corrupcion-en-centroamerica

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